Secretario General

 


 

Una vez más las portadas de nuestros diarios muestran la capacidad del hombre para destruir la naturaleza.  Específicamente me refiero a la portada del diario El Universo publicada en Guayaquil el 17 de septiembre de 2017, en donde vemos a un lobo marino semicubierto con una gruesa manta de plástico.

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Lo absurdo de esta noticia es que sucede en una de las regiones del mundo que es considerada prístina y sana, ambientalmente hablando, por encontrarse situada en un grupo de islas oceánicas frente a la costa ecuatoriana, ubicadas aproximadamente a 500 millas náuticas del continente y que el 8 de septiembre de 1.978 fueron declaradas por la UNESCO como "Patrimonio Natural de la Humanidad".  En 1.985, el Parque Nacional Galápagos fue declarado "Reserva de la Biósfera" y posteriormente, en diciembre de 2.001, se amplió para incluir la reserva marina.

Si bien es cierto que sus pobladores son conscientes del cuidado ambiental que deben tener con estas islas y sus zonas marítimas, las grandes corrientes marinas así como llevan vida, también acarrean  con los desperdicios que lanzamos los hombres al mar.

Este es un claro ejemplo de cómo nuestras actividades diarias pueden afectar regiones marinas muy remotas y de las cuales tal vez ni siquiera tenemos consciencia de su existencia; y por lo tanto, no nos parece que la podamos afectar arrojando basura sin ninguna precaución en una ciudad del continente.

 


 

En el año 2004, la Organización Marítima Internacional (OMI) adoptó con sus países miembros el Convenio sobre Gestión de Aguas de Lastre, conocido con las siglas BWM.  Este convenio es una medida internacional muy importante, ya que con ella se logra evitar la propagación de especies acuáticas invasivas a través de las aguas de lastre de los  buques, protegiendo de esta manera el medio ambiente y la salud humana.

Cuando nos referimos a la aguas de lastre, estamos hablando del peso muerto en agua de mar que utilizan los buques de forma habitual para que puedan mantenerse estables en sus navegaciones en los periodos en los que van sin carga (normalmente de graneles líquidos) y de esa manera pueden mantener su integridad estructural.

Esta agua de lastre se carga en un puerto foráneo que pudiera tener un medio de control natural para sus patógenos, pero al llegar a  otro, de características ecológicas diferentes, y sean devueltas al mar, provocan que los patógenos,  bacterias u otros microorganismos, se puedan multiplicar por no tener controles ambientales naturales, por lo que puede generar epidemias o pueden presentar enfermedades graves cuyo origen es difícil de  identificar en un principio, pero que después de muchas investigaciones se ha logrado entender que algunas de ellas provienen de estas aguas de lastre.

Todos los buques que participan actualmente en comercio internacional deben gestionar sus aguas de lastre, con el fin de evitar esta transferencia potencialmente dañina de microorganismos en diferentes regiones.  Actualmente hay unas normas que indican que estas aguas de lastre se deben descargar en zonas fuera de la jurisdicción nacional, más allá de las 200 millas marinas y en aguas de profundidades mayores a los 200 metros, para de esta manera lograr que los microorganismos vivan menos tiempo y las aguas se puedan estabilizar sin que contaminen las regiones costeras y las regiones portuarias principalmente.

Existen otras normas que están involucradas dentro de este convenio y que ayudan a evitar que haya esa proliferación de enfermedades y a la reproducción de organismos que pueden ser altamente invasivos y dañar los ecosistemas de algunas regiones.

El convenio es entonces un hito importante contra la propagación y distribución de especies invasivas acuáticas y los resultados se espera que sean de una magnitud importante y de gran beneficio para el ambiente marino-costero.

Según la OMI, el convenio del manejo de aguas de lastre tiene en este momento 63 Estados contratantes, lo que representa casi el 70% de la flota mercante mundial.

CPPS celebra la entrada en vigencia de este convenio y espera que con ello nuestra región, la salud de nuestros océanos y nuestras aguas marinas mejore sustancialmente y ayude de esa manera al desarrollo sostenible de nuestra región desde el mar.

 


 

En la madrugada del 8 de septiembre de 2017,  frente a  Chiapas, México, se presentó un sismo de magnitud 8.2 que sacudió todo el sur de México y la costa centroamericana, especialmente sobre el Océano Pacífico.

Este ha sido posiblemente el mayor sismo que se ha producido en este país en los últimos 100 años, dejando algunas personas muertas y otras desaparecidas.

Este sismo generó una alerta de tsunami para el Océano Pacífico, especialmente en la zona de territorio marítimo ecuatoriano, en las Islas Galápagos, la misma que afortunadamente fue cancelada unas horas más tarde ya que se pudo evidenciar, tanto en los diferentes centros de alerta de tsunamis, como en nuestro propio sistema de comunicación regional de CPPS, que no se iba a presentar ninguna eventualidad, por lo tanto alrededor de las 08h00 se pudo cancelar esta alerta.

Este fenómeno no puede ser pronosticado, así como tampoco podemos decir que su frecuencia sea más alta, ya que al parecer hay una preocupación generalizada por el incremento de desastres naturales en la región. Es posible que esta sensación sea causada por la facilidad de comunicación actual, en donde estamos informados de lo ocurre en el mundo casi en tiempo real. Sin embargo, no hay ningún reporte adicional que pudiera dejar prever que este tipo de fenómenos se van a seguir presentando en nuestra región.

 


 

La revista The Economist, publicó un artículo titulado “La mirada a través del mar” (Junio 7 de 2016). Allí informaba que cerca de 3 billones de personas obtienen 1/5 de su proteína del pescado, haciéndola una fuente de proteína más importante aún que la carne de res, pero se ha desarrollado un ciclo vicioso a medida que los stocks de pesca declinan y en el cual los pescadores se han visto obligados a tomar lo que va quedando.

Este mismo estudio sugirió que los stocks de grandes especies predatorias, tales como el atún, el pez espada y el marlín, pueden haber caído hasta en un 90% desde 1.950 y que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Pesca INDNR) puede estar valiendo entre 10 billones y 24 billones de dólares al año, es decir, cerca de 1/4 del total de capturas mundiales.

Quizás uno de los datos más desastrosos es que los 2/3 de los stocks de pesca en alta mar, están sobre explotados, dos veces más que en aquellas partes de los océanos bajo jurisdicción nacional.

De acuerdo con el Banco Mundial, otro dato importante sobre este tema, es que la mala administración de las pesquerías cuesta 50 billones de dólares o más al año.

En la semana inmediatamente anterior, el Ecuador fue sobrecogido con la noticia de que la embarcación de nacionalidad china Fu Yuan Yu Leng 999 fue interceptada y detenida en Galápagos el 13 de agosto de 2017 por la Armada del Ecuador, con 300 toneladas de pesca “cuando navegaba ilegalmente dentro de la reserva marina de Galápagos, a 1000 Km frente a las costas de Ecuador y patrimonio cultural de la humanidad” (Comunicado de la Armada del Ecuador).

De acuerdo con la información emitida por el Comandante de Operaciones Navales de la Armada del Ecuador, Contralmirante Darwin Jarrín Cisneros, la pesca hallada constaba de “especies que son protegidas por el Estado ecuatoriano” y el buque detenido se encontraba “dentro del área protegida de Galápagos, aproximadamente a 35.5 millas de la Isla San Cristóbal”.

Esta situación pone en alerta no solo al Ecuador, sino a todos los países que conforman la Comisión Permanente del Pacífico Sur, puesto que están siendo vulnerados sus recursos pesqueros o que existe evidencia de que ello pueda suceder también en alguno de los otros países de la región.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) amenaza la sostenibilidad de nuestros mares, la conservación de los recursos marinos vivos, la economía de nuestros países, la seguridad alimentaria de nuestras naciones, así como también facilita la ejecución de otros delitos asociados como el tráfico de personas, el trabajo con niños y el abuso de los derechos laborales de las personas.

Es por ello que la CPPS se encuentra preparando un taller regional especializado en la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR), que se realizará entre el 15 y 17 de noviembre de 2017, en Santiago de Chile, a fin de obtener lineamientos generales para la elaboración de un protocolo de coordinación regional entre los Estados miembros de la CPPS, para la lucha contra la pesca INDNR transfronteriza en el Pacífico Sur.

 


 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur está de júbilo debido a que el viernes 18 de agosto conmemora los 65 años de larga trayectoria en apoyo a la soberanía marítima y conservación de los recursos naturales marinos de la región, fundamentado en la decisión política de sus 4 Estados miembros.

Desde 1.952, tras la Declaración sobre Zona Marítima (Declaración de Santiago), la CPPS se ha constituido como un organismo internacional único en su género, con gran capacidad de influencia en asuntos marítimos internacionales y revestida de alto profesionalismo y desarrollo de capacidades, que redundarán en el beneficio socio económico de la región a través de sus mares.

La CPPS se proyecta como líder y ejemplo a nivel mundial en la coordinación de políticas oceánicas regionales y como operador piloto de grandes proyectos de gobernanza de los océanos en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, así como en la zona económica exclusiva de la región.